Un total de 324 funcionarios han depositado su declaración jurada de bienes
por ante la Tesorería Nacional y la Dirección de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA), en cumplimiento de la Ley 82-79, sobre declaración jurada
de bienes, informó ayer el director general de Ética e Integridad Gubernamental,
Marino Vinicio Castillo.
El jurista precisó que la mayoría de las declaraciones pertenecen a
funcionarios del Gobierno Central.
Castillo instó a los funcionarios salientes a declarar su patrimonio, tal y
como establece la ley, tras recordar que los funcionarios tienen un plazo de 30
días, que inició seguido a su designación, para presentar un informe general de
sus bienes personales .
Expresó que dentro de las 42 atribuciones de la entidad que preside figura la
de dar seguimiento a la entrega de las declaraciones juradas de bienes por parte
de los funcionarios, y exigir su entrega a los que no lo han hecho en el tiempo
que establece la ley.
Manifestó que la legislación 82-79 establece que todo funcionario debe
levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por un notario público de
los bienes que en ese momento constituyen su patrimonio.
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